El derecho de vivir en paz

A dos días de la entrada en vigencia de la Ley 20.084 de Responsabilidad penal juvenil, que elimina la figura del dicernimiento y baja la edad por la cual los niños y niñas son responsables ante la justicia, de 16 a 14 años, el país encuentra al SENAME movilizado en reivindicaciones salariales y por algunos aspectos de su implementación. Ad portas de empezar a regir, la implementación es insuficiente, así como los recursos humanos y las herramientas metodológicas para abordar la tan usada palabra "rehabilitación". Llama la atención cómo las propuestas y observaciones, se hacen visibles a la luz pública en estas fechas. ¿por qué las movilizaciones no se dieron con la misma fuerza con anterioridad a estos días? No era un misterio para quienes trabajamos en la red infanto adolescente que desde el 8 de Junio, el sistema en su conjunto se verá saturado por el aumento en la demanda, así como había sucedido con anterioridad con los tribunales de familia. Pero más allá de aspectos de forma, necesarios de perfeccionar, vinculados a la infraestructura, equipamiento y la instalación de dispositivos con todo lo que implica, siento que las preguntas de fondo no están siendo planteadas...

¿Es la rebaja en la edad de responsabilidad penal juvenil una respuesta que dará solución, o al menos parte de ella, al fenómeno de la delincuencia o de las prácticas infractoras en grupos de cada vez más corta edad de nuestra población? ¿Se instala en el debate la responsabilidad de nuestra sociedad en la existencia de prácticas infractoras?

Un primer cuestionamiento es a la visión de reinserción o rehabilitación conductual. ¿Somos un país que le da valor a la infancia y a la adolescencia, a la integración social de los niños y niñas? ¿Son las políticas de infancia suficientes para abordar las problemáticas de trabajo infantil, maltrato, abuso sexual, consumo de drogas, pobreza, entre otras? ¿Podemos hablar de inserción social de niños y niñas, la base para pensar en la re-habilitación? ¿Son la educación y el trabajo vías lineales de inserción social, del modo en que están diseñados los planes actuales en estas instituciones?

La ley 20.084 tiene un fuerte énfasis en el control, en la mano dura, y promete el establecimiento de mecanismos para la rehabilitación de los niños y las niñas sin cuestionar el fondo del concepto, ni las vías de hacerlo operativo más allá de lo meramente formal. Es en esto donde cuestiono el rol de los equipos que implementarán la norma, respecto a las ideas que sustentan la intervención, "en la cancha". Cotidianamente, en la intervención, surgen luces de la acción con los jóvenes, pequeñas pistas que orientan el hacer, que podrían enriquecer las políticas, las normas. Pero la visibilización de estas dinámicas, implica una reflexión y un trabajo adicional al cumplimiento de metas en términos cuantitativos que exige el sistema, levantar conocimiento desde los equipos, atreverse con apuestas metodológicas. Mi impresión es que, las movilizaciones actuales apuntan más a la forma que al fondo, y pueden expirar con el mero aumento en las remuneraciones o con la mejora en la infraestructura, que si bien, son puntos necesarios de abordar, no contribuyen a visibilizar las falencias que trae consigo la ley, respecto a que el control, por sí solo, no es suficiente. Que al fin y al cabo, son niños y niñas... y que responsabilizar sólo a ellos y ellas de sus actos nos hace perder de vista que como sociedad y como adult@s, debemos garantizar una serie de condiciones de base que están lejos de darse...

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